Problemas con la Ley Ciberasedio de Puebla - NTX 415
Tubi adquiere a CalienteTV, IFT multa a Telcel y Oxxo, y los problemas de la Ley Ciberasedio de Puebla
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En México, este 22 de junio entra en vigor la nueva ley de seguridad social para repartidores y conductores de aplicaciones. Con esta, las compañías detrás de aplicaciones domo Uber, Didi o Rappi están obligadas a ofrecer contratos, registrar a sus trabajadores ante el IMSS y seguir legislación relacionada a derechos laborales. Además, las plataformas deberán explicar cómo funcionan los algoritmos relacionados a la asignación de pedidos, evaluación a repartidores o manejo de sanciones o incentivos. El jueves 27 se publicarán las reglas relacionadas al IMSS y a la Secretaría del Trabajo y arrancará un piloto de seis meses para monitorear la implementación. El 24 de diciembre el IMSS e Infonavit publicarán las iniciativas que buscan garantizar el cumplimiento tras terminar dicho piloto.
Un estudio de Kaspersky indica que más de 7 millones de cuentas de plataformas de streaming fueron filtradas en 2024, incluyendo acceso a las plataformas más usadas. Brasil y México fueron los países más afectados y las claves fueron recolectadas en ataques indirectos basados en malware instalado tras instalación de aplicaciones alteradas, extensiones de navegadores o contenido pirateado. Según el informe, los criminales no buscan el uso de las cuentas, sino extraer información como los datos de cuentas bancarias asociadas.
¿Recuerdas a Caliente TV? La plataforma creada por la empresa de apuestas fue adquirida por Tubi, obteniendo así los derechos de transmisión de la Champions League, la Ligue 1 de Francia y de los partidos de seis equipos mexicanos de la Liga MX. Fox Corporation, propietaria de Tubi, prepara el lanzamiento de un nuevo canal de pago por suscripción por lo que lo más probable es que este contenido se traslade a este servicio. Se espera un anuncio oficial el próximo 30 de junio en donde se darán más detalles, y se espera que los suscriptores sean trasladados al nuevo servicio.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso multas tanto a Telcel como a Oxxo por prácticas monopólicas debido a que Telcel ofrecía incentivos y beneficios para que no se vendieran chips de otros operadores en sus tiendas. Las multas son de 1,782.6 millones de pesos para Telcel y de 19.5 millones a Oxxo. La sanción viene tras una investigación iniciada en 2021.
El pasado 14 de junio entró en vigor la Ley de Ciberseguridad de Puebla, la cual ha sido fuertemente criticada. Esta legislación estatal introduce reformas para tipificar delitos relacionados a usurpación de identidad, ciberacoso o espionaje digital, sin embargo, la ambigüedad de la legislación hace que se pueda catalogar de manera injustificada la crítica o el periodismo investigativo acusándolo de “acoso judicial”. Por su parte Amnistía Internacional solicitó al Congreso estatal a abrir foros con expertos para revisar y ajustar el código penal. En respuesta, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Puebla busca realizar dos foros de consulta con organizaciones defensoras de derechos humanos para debatir la ley.
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La ambigüedad es el peor enemigo de la legislación
Es deprimente el ver cómo representantes de la actual administración, tanto a nivel federal como estatal, han buscado aprobaciones de leyes relacionadas con el manejo de telecomunicaciones de manera rápida y sin revisión. En el caso de la Ley Telecom, también conocida como Ley Censura, la cual la presidenta Claudia Sheinbaum buscó que se aprobara rápidamente debido a que atacaba temas como la publicidad política proveniente de Estados Unidos, pero que incluía artículos muy ambiguos que afectaban la libertad de expresión, se logró que se retrasara la implementación de esta, y se han llevado discusiones para modificar varias de las partes incómodas de la propuesta. En el caso de Puebla, se ha aprobado una Ley de Ciberseguridad que comparte puntos cuestionables y tienen fallas de origen similares.
La ley que entró en vigor el pasado 14 de junio modifica los artículos 258, 479 y 480, incluye detalles sobre penalizaciones económicas o cárcel, pero es ambigua sobre algunos de los crímenes que busca castigar. Las modificaciones al artículo 480, por ejemplo, tratando sobre el ciberasedio y buscan castigar a quienes usen tecnologías de la información como redes sociales, correos electrónicos o publicaciones digitales para insultar, ofender o causen un daño en la “integridad física o emocional” de la persona afectada. Esto se incrementa si la persona es menor de edad, y los castigos pueden ir de los once meses a los tres años de cárcel, así como a multas de 50 a 300 días del valor diario de la UMA vigente en el momento del delito, lo cual equivaldría a un máximo de 40 mil pesos aproximadamente.
Distintos organismos de derechos humanos han expresado su preocupación ante esta ley aprobada sin revisión de manera exprés, presentada por José Luis García Parra, quien forma parte del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, ambos miembros de MORENA, debido a que si bien de manera superficial alega buscar proteger del acoso a los menores de edad y personas vulnerables a los ataques en internet, la aprobación obedece a los intereses del actual gobernador, quien ha sido atacado de manera constante por cuentas de redes sociales, como la de Aldea Poblana, quien cuestiona la labor del gobierno estatal.
Como ley de ciberasedio, o ciberseguridad, es muy deficiente. Como ha comentado en distintos foros Víctor Ruiz, la ley no trata sobre temas relacionados a ataques en el ciberespacio relacionados con espionaje, robo de datos, o usos maliciosos de información, además de que al hablar del internet, no hay especificidad si las penalizaciones se limitan a personas localizadas físicamente en Puebla, o también afecta en otras regiones.
La ley se presta a interpretaciones, al considerar el criterio de la persona afectada y el tipo de daño alegado relacionado con la actividad presentada en la red. Esto afecta directamente a entidades periodísticas quienes, al hacer investigaciones y publicar información relacionada con casos de cuidado, podrían ser acusadas por ocasionar estrés y malestar sicológico, quedando el impacto de esto a criterio de quien juzgue la acusación. Por su parte, organismos como la Red Puebla de Periodistas han solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitar la inconstitucionalidad de esta nueva versión de una Ley Censura. Por otro lado, artículos modificados como el 258 afectan la publicación de información obtenida o transferida “de manera indebida”, sin la autorización de la persona a la que se refiere esta información, lo cual serviría como blindaje ante cualquier investigación en donde se revelen datos relacionados con corrupción.
De acuerdo con información revelada por Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, se han iniciado al menos 22 procesos judiciales en contra de periodistas en el estado debido a sus investigaciones y publicaciones. Las modificaciones a la ley dan seguimiento a esta búsqueda de limitación sobre el ejercicio periodístico. Si a esto juntamos la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se ve un patrón preocupante sobre medidas cometidas por representantes del partido en el poder. La creación de organismos como la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, que sustituye al INAI, o el anuncio de que se harán dos foros de consulta para la revisión de la legislación en Puebla indican más un interés en la protección a figuras de poder dentro del gobierno, al tiempo que se desaparecen sistemas para acceso a información y se penaliza la compartición de datos que cuestionen los discursos oficiales.
Es penoso que ante alegatos que pretenden ser incuestionables (nadie se opone a la protección de personas vulnerables o menores de edad ante el ciberacoso), se metan propuestas que son explotadas principalmente por figuras que buscan acallar la crítica ahora en medios digitales. Estos son instrumentos que ayudan a la democratización del acceso y divulgación de información. El manejo de legislaciones ambiguas, el cual puede ser aprovechado para acallar voces opositoras, muestra que seguimos necesitando una mejor revisión de procesos y leyes, así como la presencia de foros y mesas de análisis para tener una correcta evaluación antes de su aprobación. El que se esté volviendo recurrente la búsqueda de aprobaciones exprés solo deja un pésimo precedente que puede ser replicado en más lugares.
Si quieres saber más sobre los cambios que se hicieron a la Ley Telecom, la cual sigue siendo revisada, consulta nuestro episodio 411 en donde encontrarás más información.